El gobierno aumentará algunos impuestos especiales, como el alcohol, para acercarse al déficit requerido por la Comisión Europea cara a 2017.
El alcohol se encuentra dentro de los impuestos especiales, impuestos indirectos a determinados productos lineales con la cantidad consumida y que no tienen efecto en la renta del consumidor. En España, el consumo de alcohol es bastante elevado y está muy ligado a los patrones culturales. Según la OMS, España es el octavo país europeo donde más se consume alcohol.
La semana pasada, el ministro de hacienda y función pública, Cristóbal Montoro, explicó que era necesario recaudar más dinero para conseguir reducir el déficit al nivel deseado por la Unión Europea. La manera de conseguirlo será una subida de impuestos, entre ellos los impuestos especiales en el alcohol y el tabaco. En el caso del alcohol, la subida afectará a los alcoholes de mayor graduación, por lo que ni el vino ni la cerveza sufrirá ningún cambio. Se elevará un 5% el impuesto en bebidas alcohólicas intermedias, como los vinos de Oporto, y en bebidas espirituosas, como el ron o el whisky.
Según datos de Hacienda, el año pasado en España, se vendieron 88 millones de litros de alcohol puro. Se calcula que, gracias a estos productos, el gobierno recauda actualmente alrededor de 10.000 millones de euros. En el caso de las bebidas alcohólicas, alrededor del 40% de su valor va a parar a distintos impuestos que recauda Hacienda a través de la Ley de impuestos especiales. Si estos nuevos impuestos se llevan a cabo, hay estudios que dicen que las personas que declaran beber alcohol, pagarían un promedio de 292 euros anuales más. El gobierno espera recaudar de esta subida de impuestos unos 150 millones de euros.
Tras esta noticia, asociaciones de fabricantes de alimentos y bebidas, distribuidores, hosteleros, estanqueros y cooperativas no han dado su visto bueno a las medidas fiscales que quiere aprobar el gobierno. Un total de nueve organizaciones, como la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebida (FIAB) o la Asociación de empresas del gran consumo, han firmado un documento que explica que esta ley «penaliza las economías domésticas y contrae la demanda, con el consecuente impacto sobre el empleo y la actividad empresarial».
También la Federación española de bebidas espirituosas (FEBE) ha dado su opinión, comentando que las alcohólicas son clave para el sector agroalimentario y la hostelería, y que ambos son motores importantes de la economía española que se verán afectados con la subida de impuestos. Esto supondría una reducción de empleos y de la actividad económica y afectaría, de manera contraproducente, en la recaudación de hacienda, consiguiendo el resultado opuesto al deseado por el gobierno.